El pasado 8 de diciembre
se presentó en Madrid, en el marco de la Cumbre Social por el Clima, el
Manifiesto para una Transición Ecológica Justa,
iniciativa lanzada desde la
Plataforma Ciudadana para
una Transición Ecológica Justa, que nacía con la adhesión de más de 40
investigadores y 30 colectivos sociales y ambientales, y que recoge ya dos semanas después centenares de nuevas adhesiones de personas y colectivos, como podéis ver en:
https://transicionecologicajusta.org/#firmantes.
Precisamente,
nuestra relación con Biodiversidad Virtual y, en particular, la creación del Punto BV Espacio Pirineos de Graus y, posteriormente, del Observatorio Ciudadano de la Biodiversidad de la Baja Ribagorza tuvieron su origen en la larga lucha de nuestra comarca contra el proyecto de Autopista Eléctrica Peñalba-Arnero-Isona,
que sigue amenazándonos. Fue tal la indignación que causó en su día la más que deficiente Evaluación de Impacto Ambiental presentada por Red Eléctrica de España para este proyecto que algunas de las personas que aún habitamos en estas tierras históricamente desfavorecidas y expoliadas decidimos armarnos de cámaras fotográficas y registrar la excepcional biodiversidad de este territorio, de manera que, cuando menos, quedase constancia del despropósito que pretendía llevar a cabo la citada empresa con el beneplácito de las administraciones públicas, que, en teoría, deberían velar por el patrimonio natural de estas tierras, uno de nuestros últimos recursos para poder dar un futuro a nuestros pueblos y a nuestros hijos e hijas.
Por eso, al conocer el citado
Manifiesto para una Transición Ecológica Justa nos apresuramos a adherirnos a él pues refleja a la perfección lo que pensamos y demandamos sobre la situación en la que nos encontramos en esta mal llamada España vaciada, a la que cae mucho mejor el apelativo del
vacío rentable a la vista del
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30 (PNIEC), cuyo borrador parece avalar un nuevo colonialismo energético que supondría la puntilla para el mundo rural.
Por ello mismo, os dejamos con el texto íntegro del manifiesto, al pie del cual figura el enlace para adhesiones.
MANIFIESTO POR UNA TRANSICIÓN ECOLÓGICA JUSTA
Atravesamos una verdadera crisis global y la Emergencia Climática es únicamente uno de sus elementos, así como la pérdida de biodiversidad, agotamiento de los combustibles fósiles, erosión de suelos, escasez de agua... Hoy es más imprescindible que nunca luchar por una transición ecológica que nos podrá ayudar a construir un mejor punto de partida para la resistencia y la transformación de nuestras sociedades. Esta transición no puede limitarse a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), tiene que abordar un profundo cambio en lo económico, en lo político y en lo relativo a los modos de vida hoy hegemónicos.
Es en ese contexto en el que pretende enmarcarse el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-30 (en adelante PNIEC),
que están llevando a cabo la Oficina Española de Cambio Climático y la
Dirección General de Política Energética y Minas (Ministerio para la
Transición Ecológica) como órganos de la Administración Pública
española. Sin embargo, tras analizar el borrador disponible del PNIEC,
que se encuentra en fase de tramitación, las asociaciones ecologistas y
ambientales, colectivos sociales, investigadores y ciudadanía firmantes
del presente manifiesto, consideramos que en su forma actual es insuficiente.
El texto no garantiza una transición ecológica justa y democrática para
el conjunto de la sociedad, el territorio y la biodiversidad.
El PNIEC fomenta la industrialización
del campo mediante la implantación de megacentrales de producción de
energía renovable (solar y eólica), lo que implicaría convertir al mundo
rural en productor de energía destinada a la exportación. De
tomar esta decisión desde arriba e imponerla a través del PNIEC, estos
territorios perderían la oportunidad de construir democráticamente un
proyecto de futuro, además de ver cómo se destruiría su patrimonio
natural y cultural.
Los ejemplos de la Provincia de Guadalajara, del Norte de la Provincia
de Granada o del istmo de Tehuantepec en el sur de México demuestran que
los megaproyectos de energías renovables constituyen un nuevo
extractivismo energético que castiga una vez más a las zonas menos
favorecidas. Es profundamente injusto y paradójico que las comunidades
campesinas, territorios periféricos y las comunidades rurales que son
quienes menos se han beneficiado del desarrollo generado gracias a la
utilización de sus recursos, (incluyendo los combustibles fósiles),
tengan que llevarse (de nuevo) la peor parte de la transición energética
que pretende ser sostenible pero que finalmente vuelve a reproducir las
lógicas de expolio.
Además, este modelo beneficia a los grandes inversores y especuladores nacionales y extranjeros en detrimento de la eficiencia energética y del acceso a las energías limpias por parte de la ciudadanía. Y por si fuera poco limita el acceso a la red de las pequeñas instalaciones de autoconsumo. Todo esto para que ni siquiera se cumpla con los objetivos de reducción de emisiones del Acuerdo de París firmado por el Gobierno Español en 2018.
El PNIEC no puede ser el mecanismo por el que los mismos
actores (principalmente las grandes empresas energéticas) que nos han
llevado a la actual emergencia climática, aprovechándose de las
oportunidades que genera esta crisis, puedan enriquecerse más aún, sin
solucionar realmente el problema, y generando otros nuevos con un
impacto irreversible que compromete una vez más nuestro futuro.
Por lo tanto, consideramos que para una transición ecológica justa el PNIEC debe garantizar los siguientes objetivos:
El desarrollo de un modelo energético distribuido que priorice el autoconsumo y las comunidades locales de renovables.
Un modelo energético no especulativo que desligue la producción de energía de las dinámicas de máxima rentabilidad y que incentive la economía local.
Un modelo basado en la reducción del consumo de materiales y en el ahorro y eficiencia energéticos.
El desarrollo de un nuevo diseño urbano a través de la integración de las renovables y la eficiencia energética en los edificios y el transporte.
La preservación de los suelos agrícolas y ganaderos para asegurar la soberanía alimentaria.
La conservación de la biodiversidad en todo su ámbito, no sólo en los espacios protegidos, asegurando la conectividad ecológica de las poblaciones y la integridad funcional de los ecosistemas.
El mantenimiento del territorio, modos de gestión tradicionales y paisaje de la España Poco Poblada (mal llamada España vacía) ya que son un recurso de vital importancia para sus habitantes, para atraer a potenciales nuevos pobladores, y la base para dinamizar el territorio, desarrollar su tejido social y regenerar su autonomía material. Todo ello conservando su integridad ecológica.
La concreción de las vías de financiación de las medidas que contiene el propio plan y la exposición pública de la concreción espacial del plan,
que señale previamente los territorios que se verían afectados por su
medida y que permita a los habitantes de los mismos decidir
democráticamente sobre su pertinencia o deseabilidad.
Para conseguir el cumplimiento de estos objetivos el PNIEC debe:
Fomentar un modelo distribuido basado en aproximar la generación de energía a los centros de consumo y en la gestión de la demanda, ahorrando inversiones, costes y abaratando el precio de la energía para la población.
Favorecer proyectos de energía colaborativa
con la participación de la ciudadanía en los mercados energéticos a
través de las “comunidades de energías renovables”, de las “comunidades
ciudadanas de energía” y de la municipalización de las redes de
distribución de baja tensión.
Fomentar la flexibilidad del sistema eléctrico a través del autoconsumo en los tejados de edificios públicos, de polígonos industriales y viviendas. Todo ello para lograr la descarbonización a través de la autosuficiencia energética.
Fomentar la economía circular, priorizando el uso de materiales de larga vida útil, optimizando su reparación, reutilización y reciclaje máximos, así como minimizando la generación de residuos en todas las fases de producción, distribución y consumo de los mismos y reduciendo la huella ecológica de todos los procesos implicados.
Garantizar la reducción del consumo energético de manera generalizada y los consumos básicos para que toda la población goce de una vida digna. Dado
que la pobreza energética es el resultado de bajos ingresos y altos
costes energéticos, la medida más efectiva para luchar contra ella es el
fomento de la eficiencia energética de viviendas, mediante la puesta en marcha de un Plan Público de Rehabilitación y Eficiencia Energética, transformando nuestras viviendas y naves industriales en edificios de consumo casi nulo en 2050. Con los actuales objetivos del PNIEC esto se conseguiría dentro de 200 años.
Para evitar un mercado especulativo, el mecanismo de subastas de energía renovable no debe permitir a los adjudicatarios vender sus derechos sin instalar ni un solo kW. Se debería supervisar y regular que los adjudicatarios puedan asociarse con fondos de inversión, eléctricas o fabricantes, para financiar la inversión que sólo ellos no podrían ejecutar.
Asegurar el Derecho a que los pequeños proyectos de renovables queden exentos de participar en licitaciones,
que se simplifique su tramitación administrativa y que en las subastas
se permita la participación no discriminatoria de pequeños actores y
entes locales, sin medidas retroactivas.
Hacer una planificación de áreas de exclusión para la instalación de energías renovables (solar, eólica, tendidos eléctricos asociados…) teniendo en cuenta los Territorios Agrarios Históricos (TAH) y los Suelos de Alto Valor Agrológico (SAVA).
Fomentar una
agricultura y ganadería ecológica, sostenible, extensiva y no
dependiente de inputs externos de fertilizantes y herbicidas, recuperando los usos tradicionales, mucho más eficientes, productivos y sostenibles en nuestro suelo y nuestro clima que la agricultura y ganadería industrial.
Elaborar un Plan de Áreas de Exclusión para la instalación de energías renovables (principalmente eólica, solar y tendidos eléctricos asociados), con cartografía pormenorizada de todo el territorio en función de la distribución y abundancia de la biodiversidad, calidad paisajística, suelos de alto valor agrológico y otros aspectos patrimoniales potencialmente afectados, clasificando el territorio entre zonas aptas y no aptas, con criterios definidos y cuantificables que serán incluidos en el PNIEC.
Para la elaboración del Plan de Áreas de Exclusión por motivo de biodiversidad es necesario la obtención de información ambiental actualizada y completa sobre la distribución, tendencia, abundancia y estatus de conservación de la biodiversidad potencialmente afectada
por estas infraestructuras en todo el territorio estatal. Hay que tener
en cuenta que la mayor parte de la información disponible actualmente está anticuada o incompleta debido a la falta de financiación de las administraciones públicas para el seguimiento de la Vida Silvestre.
El PNIEC definitivo debe incluir este Plan de Áreas de Exclusión, implantando una moratoria en la aprobación en las Declaraciones de Impacto Ambiental hasta que la elaboración de la información ambiental actualizada esté realizada. Con ella se podrá diseñar y elaborar el Plan de Exclusión y finalmente aprobar el PNIEC.
En ningún caso ha de ser un objetivo del PNIEC simplificar el proceso administrativo de evaluación de impacto ambiental, sino al contrario. Dado que ya ha sido cuestionada su efectividad, se debe aumentar la exigencia en la calidad, duración e intensidad de los trabajos de campo de los Estudios de Impacto Ambiental.
El PNIEC debe tener como objetivo garantizar la conservación de la biodiversidad existente, y no pretender compensar el daño causado por el plan mediante medidas compensatorias o medidas adicionales como la creación de nuevos espacios para la conservación.
El PNIEC debe basarse en el Principio de Precaución
(cautela), ya que consideramos que el riesgo de daño ambiental sobre la
biodiversidad no puede ser conocido previamente, porque no se pueden
conocer los efectos a mediano y largo plazo, y por lo tanto, no se
pueden adoptar las medidas para neutralizarlo.
El grado de madurez actual de la sociedad española en
materia medioambiental es el mayor de nuestra historia. Esto, unido al
desarrollo y abaratamiento de la tecnología asociada a las energías
renovables, hace que nos encontremos ante una oportunidad histórica para cambiar nuestro modelo energético y de consumo hacia un modelo descarbonizado, distribuido, barato y respetuoso con el medio ambiente en un sentido amplio, es decir, aspiramos a conseguir una Transición Ecológica Justa.
Para ello se necesitan políticas valientes contra el cambio climático. La primera de ellas debe ser revisar el PNIEC incluyendo las medidas que establecen las Directivas Europeas
de eficiencia energética de edificios, de energías renovables, del
mercado interior de la electricidad y el Reglamento de Gobernanza de la
Unión de la Energía y de la Acción Climática y comprometerse a
incorporarlas al ordenamiento jurídico. Pero además es absolutamente
necesario que el PNIEC asegure
nuestra soberanía alimentaria, la posibilidad de tomar decisiones sobre
cómo vivir en el territorio, y la conservación de nuestro patrimonio
cultural y natural.
Por todo ello y ante la ambigüedad y falta de concreción de la actual redacción del PNIEC, los abajo firmantes decimos que ASÍ NO se podrá conseguir llevar a cabo una Transición realmente Ecológica, Justa y Democrática.
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